El mezquino gobernador Bonilla

Ni el jefe del Poder Ejecutivo Federal ni el Poder Judicial, por más que la frontera entre uno y otro se haya borrado, pueden avalar la burla, para no usar otro adjetivo, de mandatario electo de Baja California

Es mucho, demasiado, lo que el Presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se juegan en Baja California.

Ni el jefe del Poder Ejecutivo Federal ni el Poder Judicial, por más que la frontera entre uno y otro se haya borrado, pueden avalar la burla, para no usar otro adjetivo, del gobernador electo Jaime Bonilla.

Los ciudadanos de la mitad de la península votaron para que un individuo llamado Bonilla los gobierne por 2, y no por 5 años, como se lo sacó de la manga el Congreso local a golpes de billete.

Por si fuera poco, el mandato de las urnas no puede ser sustituido por la más caricaturesca de las consultas populares que se haya realizado durante la Cuarta Transformación, influenciada, además, por una gira nada “casual” de Andrés Manuel, en apariencia ajena a los intereses de quien fue su superdelegado en aquella entidad, precisamente, en la fecha en que los ciudadanos acudieron a las urnas para confirmar la voluntad de los legisladores.

Espero que no fuera sólo para tapar el ojo al macho que del pecho presidencial que no es bodega brotara el 3 de octubre pasado un sentimiento de pena, así lo dijo, para convencernos de que no es partidario de la violación de la letra de la Constitución.

Si, de veras, le causa pena la violación a la Constitución debe hablar con su amigo Bonilla para recordarle que, hasta hoy, la reforma no ha sido promulgada y, luego, entonces, no tiene vigencia. La ley dice que el señor Bonilla sólo puede gobernar 2 años, y no 5, por más que el pueblo sabio consultado el domingo diga otra cosa.

Ahora bien, el Presidente y Bonilla tienen una disculpa inmejorable: La extensión del mandato de Bonilla no es imputable a Morena o a su aliado, el Partido del Trabajo, porque fue aprobada por diputados panistas y priístas, en su mayoría, y en esas condiciones no podría sospecharse que el gobernador electo tiene autorización del Presidente de la República para violar la Constitución, pero el señor (de alguna manera hay que llamarle) Bonilla porfía en demostrar de dónde le viene el valor para hacer lo que hace y califica de mezquinos a los intereses que pretenden reducir su mandato a los 2 años para los que fue electo. Más aún, utiliza el lenguaje de López Obrador para defenderse: “Como dice el Presidente de México, ya que lo superen, ya perdieron, no entienden que no entienden y que los tenemos rodeados; así dice el Presidente”.

Por fortuna, Lorenzo Córdova, que calificó de “vergonzoso y penoso” lo que ocurre en Baja California, dice estar estudiando mecanismos a fin que el Instituto Nacional Electoral pueda interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad “porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del País”.

Y confía en que lo que ocurre en aquella entidad  “sea un asunto aislado… que se resuelva por la Suprema Corte y que la Corte, guardián último de la democracia, salvaguarde el orden constitucional y democrático de México”.

“El INE -explicó- no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos, desde ya, estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California”.

No obstante sus buenas intenciones, se podría decir a Córdova que dados los acontecimientos recientes, en que el ministro presidente de la Corte se ha convertido en el guardián de los intereses del Presidente López Obrador para salvar el orden constitucional y democrático de México, se está arrimando al peor de los árboles que se puede encontrar.

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