Política 21: Las reglas del juego

Las leyes han generalizado la realización de elecciones, federales o locales, en una estrategia de concurrencia, cada tres años el primer domingo de junio.  

El argumento público ha sido los elevados costos de cada proceso electoral, pero en lo privado, prevalecen dos ideas fundamentales:  Disminuir los costos y riesgos políticos porque cada elección supone llevar a juicio al gobierno y también, controlar mejor, una sola jornada los inevitables acuerdos, a veces en lo oscurito, con los partidos políticos.

En México se dispone de una vasta y valiosa experiencia en la definición de las reglas del juego electoral.  La Constitución General de la República, las Constituciones de los Estados y las leyes electorales dan testimonio de que en el país se han implementado y perfeccionado todos los modelos posibles para un sistema electoral.

El país ha avanzado en cuanto a la imparcialidad de las autoridades electorales y han rebasado las costumbres de integrarlas en base a acuerdos particulares de las fuerzas políticas. Esto realmente consolida el desarrollo de nuestra democracia.

Sin embargo, cada elección ordinaria en nuestro país y por lo mismo en los estados, se han realizado con leyes actualizadas para cada proceso. De tal manera, que, los trabajos previos, los de organización de los comicios resulta a veces, más importante, que la jornada electoral misma..

Varios analistas políticos afirman que en cada cambio de legislación electoral prevalece un discreción que permite a los partidos dominantes, ¨acomodar¨o ¨reacomodar¨a los grupos de votantes según lo necesite.   Para ello una de las modificaciones indispensables es la ¨redistritación¨, es decir modificar la geografía electoral.

En Puebla, en junio 21 elegiremos 26 diputados, que corresponden a 26 distritos electorales locales y hasta 15 diputados plurinominales, que son los que se asignan a cada partido según la votación recibida.  Esto podría cambiar en los siguientes meses, si se realiza una nueva Reforma Político Electoral.

Las buenas prácticas electorales legalmente aceptables establecen que las reglas del juego deben estar definidas e intocables un año calendario antes de la elección.  En otro sentido, el proceso electoral 2020-2021 comenzará oficialmente en el mes de octubre, cuando se instala el Consejo general del Instituto Nacional Electoral que será el que dirija la próxima elección, con la intervención del Institutoo Electoral Estatal, los Tribunales Electorales de la Federación y los estados, y para la operación electoral, las juntas distritales electorales, federales, estatales y municipales.

Decir que una reforma electoral es un instrumento de la discrecionalidad de los partidos en el gobierno es relativo, porque si se necesita modificar las Constituciones, la fuerza dominante en el Congreso deberá contar con dos terceras partes de votos del total de los miembros de la asamblea y, paradójicamente, en el país y en el estado, ningún partido político la tiene, pero conseguirlo no es imposible, depende de los acuerdos en lo oscurito.

Habrá de realizarse un intenso cabildeo con otros partidos, lo cual paulatinamente irá mostrado las posibilidades de Coaliciones o  alianzas electorales y candidaturas en común, que guiarán en el país y en el estado las próximas eleciones de junio 21.

Como vemos, apenas hay tiempo para una reforma electoral. Conocer sus objetivos, sus procesos, nuevos o arreglados, es indispensable en un elector responsable del valor de su voto.


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